El Grupo Municipal Socialista insta al equipo de gobierno a que explique a los vecinos qué ha ocurrido con el dinero que el Ayuntamiento de Totana tendría que devolver a la promotora INMONUAR S.L.
Hay que recordar que hace un año que se dictaba la sentencia del TSJ por la operación Tótem y que en la misma se recogía que el Ayuntamiento disponía de seis meses para la devolución del dinero que, en concepto de aval, esta empresa había depositado en éste Ayuntamiento para la realización del Convenio de El Raiguero.
Los seis meses, y otros seis más, han pasado y la promotora desconoce qué ha hecho el Ayuntamiento con la cantidad de 2.485.846,94 euros que se adelantaron mediante dos cheques y que el propio Interventor asegura documentalmente.
El Grupo Municipal Socialista pregunta al equipo de Gobierno y a la alcaldesa cuándo tiene intención de comunicar a la Oposición qué ha pasado con ese dinero y qué negociaciones está llevando a cabo con los representantes legales de la promotora o con el propio promotor.
Cabe recordar que este dinero no formaba parte del presupuesto municipal por lo que no podría asignarse a ninguna partida presupuestaria, por lo que para el Grupo Municipal Socialista resulta inaceptable que la Alcaldesa no haya dado explicaciones de por qué en la portada de un periódico de tirada regional afirmaba que se había usado para gasto corriente.
Asimismo, desde la Oposición se desconoce si existen los informes preceptivos que tendría que haber emitido la Secretaría Municipal o la Intervención para librar pagos contra la cantidad que INMONUAR S.L tenía en concepto de depósito.
"Una suma de despropósitos que una vez más demuestran el oscurantismo del equipo de gobierno y la falta de transparencia con el que la alcaldesa está empañando una legislatura en la que el deterioro de los servicios municipales, el endeudamiento y la falta de iniciativa se suman a unas arcas municipales esquilmadas por la pésima y sucesiva gestión del PP en Totana".
Para los socialistas, se hace urgente que la Alcaldesa aclare si se trata solo de una estrategia de dilación de la que pretende hacer cómplice al Consejo Jurídico de la Región de Murcia a quién habría solicitado informe a propósito de algo que en la propia petición considera probado, y que explique las repercusiones y los costes que puede suponer para Totana el incumplimiento de la Obligación de Pago.
